En América, África, Asia y Europa, la violencia ha dejado una estela de sufrimiento y luto en el contexto de regímenes dictatoriales, guerras civiles o invasiones. Pero tras estos conflictos las propias sociedades han buscado establecer la verdad sobre los crímenes perpetrados. Las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y sus familiares tienen derecho a conocer lo ocurrido y a que se reconozca públicamente su sufrimiento. En este contexto, en más de 30 países del mundo se han creado Comisiones de Verdad. Son organismos de investigación, no judiciales, encargados de indagar en la historia y que han concluido su trabajo con un informe final, formulando recomendaciones y sugiriendo medidas de reparación y prevención. En Chile, una vez recuperada la democracia, se constituye la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990 (Comisión Rettig) y luego, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para investigar las denuncias sobre víctimas de desaparición forzada y de ejecución política. Entre los años 2003 y 2005 funciona la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, (Comisión Valech) que recibe los testimonios de quienes han sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas. Luego, en 2010 y 2011 vuelve a recibir testimonios la Comisión Valech, entregando su segundo informe que consigna nuevos casos de desapariciones y acreditando nuevas víctimas de la tortura. De estas comisiones emanan informes y propuestas hacia el Ejecutivo que proponen medidas de reparación a víctimas y familiares, además de la creación y el fortalecimiento de instituciones destinadas a evitar y prevenir la repetición de atentados a la dignidad humana.
