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📑 Fin del estado de derecho
En las semanas y meses posteriores al 11 de septiembre de 1973, las nuevas autoridades dictatoriales orquestaron una campaña masiva de represión y exterminio. El foco principal de esta acción fueron militantes e integrantes de diversas organizaciones simpatizantes de la Unidad Popular, pero alcanzó también a muchos y muchas sin ningún compromiso político.
Los allanamientos comenzaron apenas se instalaron las nuevas autoridades. Las tropas irrumpían en poblaciones periféricas, pero también en edificios céntricos, como los de la Remodelación San Borja. En estos lugares los uniformados detienen personas, queman libros y documentos. Arden publicaciones de Quimantú, obras de Pablo Neruda y textos de Ciencias Sociales.
Los bandos militares, y luego los decretos con fuerza de ley, se constituyen en la voz oficial que comunicaban una amplia variedad de asuntos.
El Decreto Ley N° 81, fechado el 6 de noviembre de 1973, penaliza con presidio o extrañamiento a quienes no se presenten ante la autoridad luego de ser requeridos a través del Diario Oficial, y faculta al gobierno para expulsar por decreto a determinadas personas durante el Estado de Sitio.
Los expulsados no pueden regresar sin autorización del Ministro del Interior y aquel que reingresa en forma clandestina se arriesga a “la pena de presidio mayor en su grado máximo o muerte”.
En abril de 1975, el Decreto Supremo 504 del Ministerio de Justicia ofrece a los condenados por Tribunales Militares a penas de presidio, la posibilidad de conmutarlas por extrañamiento. Completado el tiempo de condena, una resolución administrativa les impedía regresar.
El resultado de estas acciones fue sembrar el temor en la población, una sombra oscura que se extendió a lo largo y ancho del país y que se mantuvo presente durante los 17 años de dictadura.
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